MÁS APUNTES PARA UN DEBATE
RECURRENTE
Desde su redacción original, del
año1980, el artículo 3.1.b) del Estatuto de los Trabajadores dispone que los derechos
y obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan, entre otras
fuentes, «por los convenios colectivos». Es claro que con esta breve referencia
se atribuye al convenio colectivo, de manera formal y expresa, la condición de
fuente de regulación de la relación laboral, al menos en lo que se refiere a la
creación de «derechos y obligaciones» en ese contexto. Pero tal afirmación, a
poco que se reflexione, apenas sirve para dar cuenta cabal del alcance real de
un pasaje que, como el que se acaba de exponer, está plagado de incógnitas y
problemas interpretativos, pese a su aparente sencillez (o precisamente por ello:
por su extremada simplicidad). Acierta el precepto, seguramente, en su
concisión y contundencia, pero son muchas las cuestiones, dudas o dificultades
que con una formulación tan escueta se abren al intérprete a la hora de acotar
su significado eal o su proyección efectiva, algunas de ellas, por cierto, ligadas
al espinoso tema de la eficacia jurídica de las reglas de origen convencional. Ante
todo, cabe plantearse si con esa referencia se ha querido «consagrar» en el
sistema de fuentes de la relación laboral un determinado tipo de convenio
colectivo, o si, por el contrario, no se ha hecho más que una alusión general a
la negociación colectiva como fuente de creación de reglas para el contrato de
trabajo, con independencia del formato que éstas adopten (convenio colectivo
propiamente dicho, convenio informal, acuerdo de empresa, etc.). También cabe
cuestionarse si estamos ante una mera cláusula de estilo o si se trata más bien
de una declaración capaz de condicionar o cuando menos anunciar la naturaleza
jurídica del convenio colectivo, particularmente en lo que se refiere a su
eficacia, a su manera de obligar o, en fin, a la manera de ejercer su «fuerza
vinculante», si se quiere ver desde esta otra perspectiva. Cabe preguntarse, en
fin, si tan sólo supone ese precepto una pura y simple toma de conciencia acerca
del fenómeno de la negociación colectiva y de su importancia para la regulación
de las relaciones de trabajo, o si, en cambio, nos puede servir asimismo para
perfilar la posición jurídica del convenio en nuestro sistema de fuentes, no ya
en su eventual contraste con normas legales o reglamentarias, sino también, y
sobre todo, en su inevitable relación con el propio contrato de trabajo. Lógicamente,
para afrontar ese tipo de cuestiones no es posible limitar las reflexiones a lo
que formalmente se desprende del citado pasaje legal. Por lo pronto, han de
tenerse en cuenta también las restantes menciones que el propio artículo 3 ET
hace a los convenios colectivos, menciones que son de distinto alcance y tenor
literal, pero que se dirigen sobre todo a esa última cuestión, esto es, a
precisar el rango jerárquico del convenio colectivo en el sistema de fuentes de
la relación laboral, y a proporcionar criterios para la solución de eventuales
problemas de conflicto o concurrencia con otras fuentes laborales. Son, en
concreto, las siguientes: la atribución a las condiciones de trabajo
establecidas en «convenio colectivo» de carácter mínimo e imperativo respecto
de la autonomía de la voluntad expresada en el contrato de trabajo (párrafo 1,
letra c); la inclusión de las «normas laborales pactadas» entre las que se ven
afectadas por el principio de jerarquía y el ámbito de aplicación de los
principios de norma mínima y de norma más favorable (párrafo 3); la atribución
a los usos y costumbres de carácter subsidiario y supletorio respecto de las
«disposiciones convencionales» (párrafo 4), y la extensión del principio de
irrenunciabilidad a «los derechos reconocidos como indisponibles por convenio colectivo»
(párrafo 5).
Han de barajarse, asimismo, todas aquellas alusiones
al convenio colectivo que se encuentran a lo largo de nuestra legislación
laboral, que presentan a su vez diversa fisonomía y sentido muy variado. Por
supuesto, la parte más gruesa de este otro acervo de regulación legal sobre el
convenio colectivo se encuentra dentro del Título III del ET, en el que se dan
indicaciones muy precisas sobre la elaboración, el contenido y, sobre todo, la
eficacia jurídica y personal del convenio «estatutario». Otro grupo interesante
de previsiones se encuentra disperso a lo largo del propio ET, unas veces para
atribuir al convenio colectivo funciones específicas o concretas posibilidades
de acción, otras para preservarlo frente a determinados actos o incidentes de
carácter laboral o empresarial, y otras, en fin, para tomar nota de la
existencia de convenios o acuerdos de carácter particular, distintos del
convenio colectivo típico u ordinario. Finalmente, otras muchas menciones al
convenio colectivo pueden consultarse en
los restantes segmentos de la legislación laboral, desde la ley de libertad
sindical a la regulación legal de la huelga, desde la ley de infracciones y
sanciones a la ley de procedimiento laboral, desde las normas de empleo a la
ley de prevención de riesgos laborales, normalmente para encomendarle algunas tareas,
abrirle mayores espacios de juego o garantizar su virtualidad y eficacia. Muy particular
es, en todo caso, la referencia al convenio colectivo del art. 1 de esa última disposición
legal –la Ley 31/1995–, que reitera su
condición de fuente de regulación en esa materia y que llega a calificarlo,
directamente, de e «norma convencional». Tampoco puede faltar en este contexto,
desde luego, alguna consideración específica acerca del artículo 37.1 de la
Constitución, que, como es sabido, encarga al legislador la tarea de garantizar
tanto el derecho «a la negociación colectiva» como la «fuerza vinculante de los
convenios», y que, según el parecer general de la doctrina, supone la
aceptación formal por parte del Estado de una fuente de regulación que por
definición actúa extramuros de sus poderes o instancias normativas.
*Catedrático de Derecho del
Trabajo. Universidad de Oviedo.
*Vid., aun cuando se trate de
perspectivas diversas, pertenecientes asimismo a momentos históricos muy diferentes,
F. VALDÉS DAL-RÉ, «La negociación colectiva en la Constitución», RPS, núm.121
(1979), pp.469 ss., y M.R. ALARCÓN CARACUEL, «La autonomía colectiva: concepto,
legitimación para negociar y eficacia de los acuerdos», AAVV, La reforma de la
negociación colectiva
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